La incertidumbre vuelve a marcar el pulso legislativo en Tierra del Fuego a pocos días del cierre del período ordinario. La sesión suspendida a comienzos de diciembre aún no tiene nueva fecha y, mientras tanto, se acumulan definiciones sensibles que incluyen el presupuesto provincial y el futuro de la actividad salmonera. El legislador Matías Lapadula advirtió un clima de dilación que, a su juicio, no condice con la gravedad de lo que está en juego.
El edil por Radio Provincia sostuvo que “en principio creo que se había conversado entre todos los legisladores tratar de hacer la sesión que se suspendió el día 4 o 5 de diciembre. Falta poquito, la semana que viene. Pero eso está en manos de la presidenta de la Legislatura, convocar oficialmente y a partir de ahí ver qué temas se van a incluir”. Sin embargo, puso el foco en el presupuesto 2026 y dejó un diagnóstico tajante: “Hoy tengo serias dudas de que la intención del Gobierno sea tratar el presupuesto y tener un presupuesto. Realmente los tiempos no dan”.
Lapadula recordó que se habían previsto dos semanas completas de encuentros con funcionarios en la comisión, pero todo quedó trunco “por una falta de quórum”, situación que alimenta sus sospechas. “El 15 de diciembre se termina el período ordinario. Entonces yo no sé qué es lo que pretende el Gobierno hacer. Si quisiera tener un presupuesto, estaría mucho más preocupado y apurado en que se haga la sesión y que se empiece a trabajar sobre este tema”, sostuvo.
Para el legislador, el escenario conduce hacia un presupuesto reconducido, una figura que cuestionó con dureza por su impacto en la transparencia institucional. “No es la mejor idea, sobre todo un gobierno que se dice transparente y vive criticando otros presupuestos. Se sienten cómodos con un presupuesto reconducido para manejar discrecionalmente los fondos públicos. Cada vez que no quieren tener presupuesto quieren tener las manos libres para hacer y deshacer como les plazca y no rendir cuentas a los fueguinos”, afirmó.
En ese contexto, también apuntó contra los recortes previstos para los municipios y modificaciones que, según señaló, trasladan cargas injustas a las administraciones locales. “En este proyecto que presentaron hay recortes a los municipios… se establecen aportes municipales a fondos de asistencia a personas sin cobertura médica, cosa que me parece sumamente injusto, ya que en este contexto tanto el Gobierno como la provincia han tenido recortes importantes del Gobierno Nacional y son los municipios los que se hacen cargo”, remarcó.
Otro de los ejes de la discusión es la posible reforma de la Ley 1055 sobre salmonicultura, tema que genera rechazo en distintos sectores sociales y políticos. Lapadula confirmó que el proyecto ya cuenta con dictamen de mayoría y estaba listo para ser votado en la sesión suspendida. “No voy a acompañar ese dictamen. No estoy de acuerdo para nada con lo que plantea esa modificación”, aclaró, aunque introdujo matices respecto al debate de fondo: “Yo sí creo que hay que modificar la Ley 1055. Creo que hay que desarrollar la acuicultura, hablo de acuicultura, no de salmones… pero no con una redacción que deja puertas abiertas para producir daños ambientales irreversibles”.
El legislador consideró un “disparate” prohibir la actividad solo en el canal Beagle y permitirla en el resto de las aguas jurisdiccionales. “La protección tiene que ser integral porque si no, no se protege nada”, enfatizó, y alertó sobre los antecedentes de contaminación vinculados a criaderos en otras regiones. “Esto requiere un montón de logística y de inversión para asegurar el control. No se puede permitir sin cuidados ambientales y sin otros métodos que hagan de esto algo sostenible”, sostuvo.
En esa línea, propuso alternativas tecnológicas más seguras: “La cría de estas especies de forma industrial debe hacerse fuera de los espejos de agua, con sistemas cerrados que no afecten nuestro ambiente. La responsabilidad nuestra no es abaratar la inversión de una empresa, sino legislar para que tengamos una actividad segura y sostenible”, expresó.
