La sesión ordinaria prevista para las 11 de ayer terminó suspendida sin fecha, luego de que la Presidencia de la Legislatura decidiera —ad referéndum de la Cámara— levantar la reunión. La explicación oficial apuntó a una “imprevista asamblea” de la Asociación del Personal Empleados Legislativos (APEL). Sin embargo, el argumento no tardó en ser puesto en duda.
La suspensión derrumbó la posibilidad de avanzar con temas sensibles que venían tensando el clima político en los últimos días. Entre ellos, el marco regulatorio para “el desarrollo sustentable de la acuicultura” que buscaba flexibilizar la prohibición vigente sobre la producción de salmónidos en aguas jurisdiccionales de la provincia. También quedó en el aire la designación —por un año más— de Federico Greve (FORJA) y Victoria Vuoto (PJ) como representantes legislativos en el Consejo de la Magistratura.
Otro punto que se cayó del temario fue la ampliación del plazo para que las comisiones permanentes emitan dictamen. Lejos de tratarse de una formalidad, la fecha es clave: el reglamento fija que el límite es el lunes 1 de diciembre, un margen que se reduce aún más por la seguidilla de feriados y días no laborables que comprimen la actividad parlamentaria.
La inesperada parálisis dejó al Parlamento contra las cuerdas. El presupuesto 2026, la autorización para que YPF ceda siete áreas hidrocarburíferas a Terra Ignis y la eventual prórroga de esas concesiones por diez años tampoco pudieron ingresar formalmente. Para que estos proyectos lleguen a comisión o se traten sobre tablas antes del 16 de diciembre, la Cámara debería convocar una sesión —a contrarreloj— antes del viernes 28. De lo contrario, el cierre del período ordinario complicará aún más un escenario ya cargado de tensiones. Y, si el 31 de diciembre no hay presupuesto nuevo, el del presente año quedará automáticamente reconducido.
Versiones opuestas en el mismo edificio
Mientras la Resolución de Presidencia 385 atribuía la suspensión a la actividad gremial, el Secretario General de APEL, Jorge Brúa, negó categóricamente esa explicación. “Durante la mañana íbamos a comunicar al personal la propuesta salarial que nos presentó la Vicegobernadora, para luego decidir los pasos a seguir, cuando nos enteramos de que se había resuelto suspender la sesión”, aseguró, descartando cualquier responsabilidad del sindicato.
Desde el oficialismo, en cambio, respaldaron la versión institucional y señalaron al gremio por la caída de la sesión. Las bancadas opositoras leyeron otra cosa: para ellas, el levantamiento obedeció a fisuras internas entre el bloque gobernante y sus aliados circunstanciales, atravesadas por dos debates calientes: salmonicultura y Consejo de la Magistratura.
Más allá de cuál haya sido la verdadera causa, el episodio expuso nuevamente el nivel de desorden político e institucional que arrastra uno de los tres poderes del Estado fueguino. Un reflejo más de una Legislatura que, lejos de encauzar los conflictos, parece profundizar su propia crisis de funcionamiento.
Con información del Diario del Fin del Mundo
