La representante de ATE en la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), Elvia Agüero, denunció que la institución viene arrastrando convenios que terminan generando un gasto desproporcionado en la compra de medicamentos, afectando directamente a los afiliados que necesitan tratamientos de alto costo.
“Nosotros tenemos cuentas con laboratorios que entregan medicación oncológica con un 98% de descuento sobre el precio de venta al público. Sin embargo, la obra social paga esa misma medicación un 1.560% más cara a través de intermediarios”, señaló Agüero, poniendo el acento en lo que considera una práctica irregular y perjudicial para la economía de OSEF.
Según relató, los convenios firmados entre 2020 y 2021 con droguerías y con la Federación de Farmacias Nacional introdujeron intermediarios innecesarios que incrementaron los costos. “Se compran a través de empresas que no producen ni almacenan medicamentos. Solo revenden lo que adquieren en una droguería, y eso nos hace perder millones”, explicó.
La dirigente recordó que esta situación se da “desde antes del gobierno de Milei” y aclaró que no se trata de un vínculo nuevo: “Con algunas droguerías trabajamos desde hace años. El problema es que cuando se firman convenios sin transparencia, se termina pagando mucho más de lo que corresponde, mientras los afiliados esperan insulina o tratamientos oncológicos”.
Agüero también apuntó contra el rol de los funcionarios actuales: “No pueden no darse cuenta. Un tratamiento que debería costar 200 mil pesos termina saliendo 32 millones. Eso es la plata que le falta a una mamá para que la deriven a Buenos Aires, o al afiliado que sigue cobrando apenas 4 mil pesos de ayuda económica”.
El clima de tensión dentro de la obra social se profundizó con la renuncia de una farmacéutica en Ushuaia, quien —según Agüero— no soportó la presión de no poder dar respuesta a los afiliados por falta de stock y recursos.
Sobre la posibilidad de judicializar el tema, Agüero fue tajante pero sincera: “Lo voy a hacer, lo tengo que hacer. Pero ¿qué pasa si la justicia no me da la razón y tengo que pagar las costas del juicio? Eso me frena. Igual, lo pongo en la balanza: estamos hablando de salud, y alguien tiene que hacerse cargo de esta pérdida millonaria”.
Finalmente, cuestionó la inacción de los organismos de control: “Presenté toda la documentación en la Legislatura, informé a vocales y directores, pero nadie reaccionó. Algunos me tildan de mentirosa. Mientras tanto, la obra social sigue en crisis y son los afiliados los que pagan el costo de convenios que no son beneficiosos para nadie, salvo para los intermediarios”.
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