En medio de una creciente ola de cuestionamientos y controversias que sacuden al Poder Judicial de Tierra del Fuego, el abogado penalista Dr. Raúl Aciar, analizó con profundidad la crisis de credibilidad hacia la institución. Con un tono crítico pero profundamente comprometido, Aciar no esquivó ningún tema y dejó en claro la gravedad de la situación que afecta no solo a la justicia local, sino también a la confianza ciudadana.
“Hay una gran desubicación, un descuido muy grande social de parte del Poder Judicial”, afirmó el abogado. “El Poder Judicial es un servicio para la sociedad, es decir, son todos servidores públicos. Y todo esto que está ocurriendo indica que el Poder Judicial está en una nota de descrédito, y eso no es sano ni para la sociedad ni para el Poder Judicial.”
Además, Aciar relató un episodio que refleja el mal manejo institucional y la falta de respeto por los derechos ciudadanos y contó un caso que a él le tocó: “Hubo un allanamiento en el domicilio particular de una señora, donde se secuestró su teléfono y también el del hijo, sin que este último estuviera autorizado», esto no solo es un abuso, sino que además «los teléfonos no se devolvieron durante más de un año». «La gente sabe esto y genera mucha desconfianza».
El punto de partida de esta crisis, según Aciar, se evidencia en casos recientes que involucran a magistrados y funcionarios judiciales en situaciones que generan alarma y desconcierto en la comunidad. Uno de los ejemplos más preocupantes es el caso del Juez Andrés Leonelli que «hace quedar muy mal al Poder Judicial de Tierra del Fuego y a la República (Argentina)», y demuestra la poca visibilidad que tiene la justicia ante la sociedad. Otro ejemplo es del de la jueza correccional del Distrito Judicial Sur, Felicitas Maiztegui Marcó que protagonizó varios incidentes de tránsito en Ushuaia poniendo en riesgo a terceros, sin que hasta ahora se hayan aplicado sanciones contundentes. “Esta doctora chocó a tres autos y siguió circulando hasta el aeropuerto, donde tampoco se actuó. ¿Por qué no pasó nada? ¿Por qué la policía no procedió como debería? Son preguntas que la sociedad se hace y que no tienen respuestas claras”, denunció.
Pero la crisis no se limita a hechos puntuales. El abogado señaló que hay un problema estructural en la forma en que el Poder Judicial maneja la información sensible y la transparencia. “No hay un sistema de archivo con el resguardo suficiente. Esto puede derivar en fugas de información, incluso en causas delicadas como las que involucran delitos contra la sexualidad infantil. ¿Qué confianza puede tener la sociedad si los datos se filtran y no hay control?”
La situación se agrava cuando se habla de posibles conflictos de intereses dentro de la propia justicia. “Se dice que uno de los camaristas que interviene en un caso de Lionelli importante es socio de un imputado. Esto es muy complicado y debe ser investigado a fondo. El fiscal del caso tiene que actuar con total transparencia, porque si esto es cierto, se debe recusar al juezque se dice que es socio para garantizar un proceso justo.”
Ante este panorama, Aciar también se refirió a la actitud de algunos sectores judiciales que buscan limitar la libertad de expresión y el derecho a la información. “La Asociación de Funcionarios y Magistrados emitió una declaración pidiendo que las noticias públicas sean respetuosas con las personas involucradas, lo cual suena a un intento de censura. La libertad de expresión es una garantía fundamental en democracia, y no puede ser coartada porque a algunos les moleste la crítica.”
Finalmente, el abogado hizo un llamado a la reflexión y a la acción institucional. “Esto no es un problema aislado, es una cuestión institucional. El Consejo de la Magistratura y el Superior Tribunal de Justicia tienen la responsabilidad de supervisar y disciplinar a los jueces, pero hoy ese mecanismo está en crisis y muy politizado. Se permite que accedan a cargos personas con poca experiencia y capacidad, y que se pasen por alto conductas cuestionables.”
Sobre la posibilidad de que el Colegio de Abogados tome una postura pública, Aciar expresó: “Creo que ya es hora de que se emita una opinión o se fije una postura clara. La sociedad merece saber qué piensa la institución que representa a los profesionales del derecho.”
Para finalizar, las palabras del Dr. Raúl Aciar reflejan la profunda preocupación que existe en la comunidad jurídica y en la sociedad en general por el estado actual del Poder Judicial fueguino. La confianza, base fundamental de cualquier sistema de justicia, está en riesgo. Y mientras no haya respuestas claras, transparencia y mecanismos efectivos de control, la desconfianza seguirá creciendo, debilitando la democracia y la convivencia social. “Si el ciudadano está descreído de la actitud y entrega que debe hacer el Poder Judicial, vamos mal”, concluyó Aciar con firmeza.
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