.ue busca regular las denominadas “dSUTEF que interrumpe el dictado de clases sin constituir un paro formal. La iniciativa plantea declarar ilegales estas acciones si no cumplen con requisitos específicos de notificación y certificación.
El bloque del Movimiento Popular Fueguino presentó un proyecto de ley para establecer un marco normativo que regule las llamadas «desobligaciones docentes”, una modalidad de medida de fuerza impulsada convocadas por el Sindicato Unificado de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), las cuales –según denunció el legislador Pablo Villegas, afectan el ciclo lectivo de los estudiantes. La iniciativa apunta a declarar ilegales estas medidas cuando no sean notificadas formalmente como paros laborales.
Villegas, impulsor del proyecto, afirmó que «las desobligaciones son paros encubiertos, por horas determinadas, y como tales deben ajustarse al marco legal vigente. Si no se notifican al Ministerio de Educación y a la patronal, es decir al Gobierno provincial, deben entenderse como ilegales». La interrupción del dictado de clases sin constituir un paro formal, es ilegal porque no cumplen con requisitos específicos de notificación y certificación, explicó el edil.
Villegas sostuvo que el gobierno «no ha querido, podido o sabido resolver el conflicto« con el SUTEf y lo acusó de «hacerse el distraído» ante un problema que, según él, es exclusivo de Tierra del Fuego. «El gran responsable es el Gobierno, que permite un ejercicio abusivo de la acción sindical», señaló.
Desigualdad educativa
El proyecto argumenta que estas interrupciones generan «una desigualdad estructural« entre alumnos de escuelas públicas y privadas, y afectan especialmente a los sectores vulnerables. «Hay chicos de primera y de segunda categoría. Los que no tienen apoyo familiar o recursos quedan más perjudicados», afirmó, quien destacó que el Estado «tiene la obligación de garantizar el derecho a aprender».
Además, cuestionó la gestión educativa provincial: «con la megaestructura de cargos políticos en el Ministerio, no pueden pagar salarios o el aguinaldo a tiempo. Lo que falla es la conducción».
Villegas admitió que espera «resistencia del SUTEF, pero insistió en que su propuesta busca «debate democrático». «No es un Boca-River. El gremio tiene derecho a defender intereses, pero no puede lesionar derechos de los pibes», afirmó.
El proyecto ingresará a comisiones en la próxima sesión legislativa, aunque el oficialismo aún no definió la fecha. «Si el Ejecutivo no actúa, nosotros ponemos límites», cerró el legislador.
Las «obligaciones gremiales» son medidas de protesta donde los docentes se abstienen de dar clases pero permanecen en las escuelas. El SUTEF las utiliza frecuentemente para reclamar por salarios y condiciones laborales. El ministro de Educación las ha calificado de «ilegales» en declaraciones públicas, pero no ha aplicado sanciones.
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