El empleado despedido de Aduana este año, Julio Achaval, denunciante de la liberación fraudulenta de vehículos vinculados presuntamente con el ex vicegobernador Daniel Gallo, expuso junto a su abogado la cadena de complicidades que existiría detrás de estas operatorias y otras vinculadas con la Aduana local. Recurrirán a Gómez Centurión para exponer las presuntas irregularidades que la justicia federal mantendría estancadas.
La liberación fraudulenta de automóviles denunciada en 2014 por el ex titular de la Aduana local Gustavo Etchegoyen, fue también denunciada por el empleado despedido este año, Julio Achaval, que reclama su reincorporación.
Junto a su abogado José Pellegrino, expuso que las dificultades laborales comenzaron con “cuestiones anormales” en la Aduana, cuando asume Sandra Pagnussat y lo despoja de sus funciones.
“En marzo de este año fui desplazado, y entre otros cargos fui jefe de AFIP en el aeropuerto de Río Grande cuando se hizo un procedimiento de drogas. Luego fui ascendido como jefe de frontera en San Sebastián. No inicié mi carrera en Río Grande sino que estuve en seis o siete aduanas más”, señaló Achaval, destacando que es un empleado de carrera.
“Cuando asumió la señora Sandra Pagnussat yo no era de su línea, no era una persona de su confianza ni del jefe de región. Ahí empieza la persecución contra mi persona”, dijo.
Según su abogado, Achaval “era absolutamente disfuncional al sistema. Por ejemplo, lo desplazan del aeropuerto, que es una zona crítica en el control aduanero. Si después lo atamos con que Daniel Gallo es socio y dueño de Jet Pack, una entidad controlada por la Aduana, se empiezan a descubrir algunas cosas”, indicó, dado que en este caso se vincula al ex vicegobernador en las denuncias de corrupción.
El abogado agregó que al desplazarlo de sus funciones, también impedían que “pudiera hurgar en las liberaciones de autos de las que hablamos”.
“Julio hizo una denuncia hace muchos meses sobre esta situación y la situación particular de Gallo, con una casa en Barracas, una colección de autos, que ya salió en los diarios. Pedimos el allanamiento inmediato de esa morada, que no se hizo. Fuimos trabajando sobre episodios que ni la aduana ni la justicia pueden explicar todavía, y me refiero al fiscal Rapoport”, puntualizó el Dr. Pellegrino.
“El fiscal jugó en todo momento para el silencio y para conspirar contra las aspiraciones de Achaval de hacer luz en estas cuestiones”, aseguró, en medio de una investigación por vinculaciones de Gallo con Carlos Tomeo.
Pellegrino aclaró que “la Aduana en sí no es corrupta y es una institución necesaria en el país, pero quizás tenga algunas personas que lo son dentro de su organización. Y hay personas funcionales a los corruptos”, expresó, encuadrando en este grupo a su cliente.
“En una de las tantas denuncias que hicimos, dijimos que el señor Daniel Gallo no trabajaba en la Aduana pero cobraba sueldo y horas extras sin trabajar, y hasta ahora no tiene ningún avance. Las irregularidades con los automotores que estamos denunciando ocurrieron mientras la señora Pagnussat estaba como jefa de la Aduana de Río Grande. Ahora es jefa regional en Comodoro Rivadavia”, señaló, dando a conocer una situación más complicada por haber subido de jerarquía.
Indicó que Achaval fue enviado a la Aduana de Puerto Deseado antes de su despido. “Después de batallar un tiempo, la Cámara de Comodoro ordenó la reinstalación del señor Achaval y la Aduana no cumplió. Interpuso algunos recursos, que no deben suspender la medida cautelar, y sin embargo Julio todavía no está trabajando”.
Pellegrino denunció “una corrupción sistémica que algunos toleran. La Aduana es una especie de pueblo siciliano donde la mafia marca la pauta y el pueblo camina al ritmo de lo que dicen los patrones. De ninguna manera el empleado aduanero es corrupto, pero hay tres, cuatro o cinco corruptos que manejan la cosa, obtienen su beneficio y el resto calla. Julio Achaval no se calló, metió el dedo en el enchufe y salió eyectado de la Aduana”, sostuvo.
“Nosotros denunciamos estas irregularidades de los automóviles antes de que salga en Telenoche y con el señor Lanata. Denunciamos que el señor Gallo había liberado la famosa Ferrari de (Carlos) Tomeo y que tenía una colección de autos en su casa de Barracas. Estas cosas no fueron investigadas y después salieron a la luz por otras circunstancias, porque hubo diputados nacionales trabajando en esto, y generaron investigaciones que paradójicamente se tramitan en juzgados de Capital Federal y no donde se debieran tramitar”, observó sobre la investigación que finalmente derivó en el allanamiento a la vivienda de Gallo en Río Grande.
Se le preguntó si el ex vicegobernador es el hilo conductor en esta causa de presunto contrabando. “No sé si es el hilo conductor ni el que dirige los piolines, pero claramente tiene mucho que ver con esto. Desde hace muchos años Gallo representa a la Aduana en la comisión del área aduanera especial, donde se decide qué mercadería se exporta y cuál no. Es un puesto clave de poder. El hijo de Gallo es despachante de Aduana y con bastante éxito. No tengo dudas de su buen negocio”, subrayó.
Aclaró que como denunciantes “en la figura de contrabando no tenemos posibilidad de accionar, porque es un delito de acción pública y depende del Dr. Rappaport”.
Y recordó que no solamente se denunció contrabando de autos sino de otro tipo, en particular de mercadería que llegaría por tierra desde Chile: “Nosotros aportamos planillas a la justicia con agentes aduaneros que cruzaban la frontera muy a menudo. El empleado aduanero no puede hacer eso y lo tiene vedado por estatuto. Es una falta muy grave cruzar la frontera, y obviamente con destino a Punta Arenas. Aportamos nombres, apellidos, fechas, vehículos en los que se transportaban. Nunca se investigó y lo pusimos a disposición del Dr. Rappaport”, dijo.
Recordó un procedimiento por contrabando de marzo de 2014, cuando ingresó una camioneta por el paso fronterizo pero vacía, porque todo el cargamento quedó a la vera de la ruta, convencido de que alguien puso en aviso al chofer del operativo. Y afirmó que como estaba vacía, no se lo imputó de contrabando, y los bienes abandonados que venían de Chile, entre ellos varios televisores y heladeras, fueron donados sin que se conozca destino, y se cerró la causa.
“La señora Pagnussat estaba a cargo de la Aduana durante todos estos episodios y ahora está de jefa de región. Está premiada. Ahora controla desde la región cualquier investigación que se pueda hacer”, sostuvo Pellegrino.
En cuanto al principal imputado en el fraude por la liberación de automóviles, Walter Servián, dijo que no se sabe “a título de qué fue destinado a la DGI de Río Grande cuando a esta altura debería estar suspendido en sus funciones. Evidentemente tiene protección”.
También el letrado dio cuenta de amenazas recibidas por su cliente y atentados personales.
Fuente: Provincia 23
