La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares tras una sesión extensa que terminó de madrugada, con 137 votos a favor y 111 en contra. El oficialismo logró la sanción gracias al acompañamiento del PRO, la UCR y bloques provinciales, que garantizaron tanto el quórum como la mayoría final.
El número se consolidó con el correr de la noche, en un clima menos tenso del esperado. Con los votos asegurados, varios legisladores de La Libertad Avanza desistieron de hablar. “Están los votos, que se queden con los discursos”, resumió un diputado oficialista, en una estrategia que priorizó el resultado por sobre la exposición.
La presencia de Karina Milei en uno de los palcos, cerca del cierre del debate, funcionó como señal de confianza en el desenlace. Para entonces, el oficialismo ya había ordenado la sesión y superado sin sobresaltos los intentos de la oposición por introducir cambios en el temario.
El proyecto modifica los criterios de protección de glaciares y áreas periglaciares, y amplía la capacidad de las provincias para definir qué zonas quedan habilitadas para actividades productivas. Desde el oficialismo defendieron la iniciativa como un equilibrio entre desarrollo y cuidado ambiental.
Del otro lado, las críticas fueron contundentes. Maximiliano Ferraro calificó la norma como “totalmente regresiva e inconstitucional” y denunció influencia del sector minero en su redacción. En la misma línea, Miguel Ángel Pichetto sostuvo que no existen fundamentos técnicos para modificar la ley vigente desde 2010.
También hubo cuestionamientos más duros. Juan Grabois advirtió que la reforma “es una ley envenenada” y alertó sobre posibles impactos en el agua.
Así, entre apoyos alineados y rechazos cerrados, el Congreso avanzó con una reforma que vuelve a poner en el centro la tensión entre explotación de recursos y protección ambiental.
