La Legislatura aprobó la Ley de Financiamiento Educativo tras un empate definido por Victoria Vuoto

La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó este martes la Ley de Financiamiento Educativo, luego de una votación que terminó empatada en siete votos por lado. La definición quedó en manos de la legisladora justicialista Victoria Vuoto, quien, al encontrarse circunstancialmente al frente de la presidencia del cuerpo, utilizó su voto doble para desempatar y convertir el proyecto en ley.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno provincial de Gustavo Melella y respaldada por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), llegó al recinto después de varias semanas de discusiones políticas, negociaciones y reclamos gremiales.

El resultado fue de siete votos afirmativos y siete negativos. La ausencia del legislador Raúl Von der Thusen, de Somos Fueguinos, por un problema de salud de un familiar, contribuyó a que se produjera la paridad.

A favor de la propuesta votaron Juan Carlos Pino, Victoria Vuoto, Tomás García, Myriam Martínez, Federico Greve, Gisela Dos Santos y Laura Colazo. En contra se pronunciaron Damián Löffler, Pablo Villegas, Tomás Lapadula, Natalia Graciania, Luciano Selzer, Jorge Lechman y Federico Sciurano.

Con la intervención de Vuoto, la Legislatura sancionó un régimen extraordinario de financiamiento que busca sumar recursos para atender salarios docentes, mantenimiento de escuelas, infraestructura y funcionamiento del sistema educativo público.

Entre los mecanismos de recaudación se estableció una alícuota del 3,4% de Ingresos Brutos sobre la distribución de gas que realiza Camuzzi. De ese monto, el 40% se destinará a infraestructura educativa y el 60% a obras de gas.

La ley también incorpora un adicional del 3% de Ingresos Brutos sobre las actividades gravadas del Banco Tierra del Fuego. La normativa establece expresamente que ese costo no podrá trasladarse a los clientes de la entidad.

Otro de los recursos previstos provendrá de la asignación de hasta el 40% de los ingresos adicionales que surjan de modificaciones al Impuesto Inmobiliario Rural.

El esquema tendrá una vigencia inicial de un año, con posibilidad de prórroga, mientras se trabaja en la elaboración de un régimen permanente de financiamiento.

Además, la normativa dispone que los fondos recaudados se incorporen a las partidas presupuestarias ya existentes y crea un Observatorio de Financiamiento Educativo, integrado por representantes institucionales y de los trabajadores, que tendrá a su cargo el seguimiento de la recaudación, distribución y utilización de los recursos.

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