La abogada Griselda Engelhard confirmó que presentó una denuncia penal y laboral contra Carrefour Ushuaia por la presunta filtración de datos sensibles de empleados desde Recursos Humanos, que habrían sido usados para hostigarlos. La letrada combinó por primera vez, en su experiencia profesional, acciones en ambos fueros y advirtió que el caso podría sentar un precedente en la provincia.
La abogada, que representa a las víctimas, reveló por Radio Provincia que responsables de Recursos Humanos habrían filtrado información médica y personal de trabajadores para exponerlos a burlas y forzarlos a renunciar, y que en uno de los casos esos datos habrían llegado directamente al agresor de una empleada que había denunciado violencia de género.
Según relató la letrada, todo comenzó con una práctica habitual en cualquier empresa: entregar certificados médicos o de estudio al área de Recursos Humanos. El problema surgió después: «al otro día de entregar un certificado de lo que fuese, en esta compañía empezaban las burlas en los pasillos y toda la empresa sabía qué enfermedad tenías o que estabas estudiando», explicó Hengelhard, y agregó que esa información se usaba para elegir a quiénes hostigar hasta lograr que abandonaran la empresa sin cobrar indemnización.
La abogada no se limitó a la vía laboral. Además del despido indirecto y el reclamo por el artículo 245, inició una denuncia penal por concurso real de delitos, ya que consideró que se habría violado el secreto y la protección de datos sensibles. «No solo estoy pidiendo que responda la empresa con su bolsillo, sino que respondan los empleados con su bolsillo», afirmó, apuntando en particular contra quien ejercía el cargo de Recursos Humanos.
A la filtración de información se sumó, según describió, la falta de indumentaria adecuada para trabajar en cámaras frigoríficas y locales con calefacción a gas licuado, insuficiente para las temperaturas de Ushuaia: «uno los ve abrigados, a veces hasta el cuello, es con ropa propia, porque tampoco les dan los elementos de abrigo», señaló, quien impulsó además una denuncia ante Seguridad e Higiene para peritar las condiciones del local.
El caso de mayor gravedad, indicó Hengelhard, fue el de una mujer que sostuvo económicamente sola a su familia y sufrió cinco años de hostigamiento sistemático, con insultos y un episodio de acorralamiento dentro del local por parte de un grupo de empleados. «Recursos Humanos no activó ningún protocolo de violencia de género», sostuvo, y relató que la encerraron en una oficina para coaccionarla a firmar una rebaja de categoría bajo un motivo falso. Cuando la trabajadora denunció acoso sexual pidiendo confidencialidad, según su relato a la abogada, esa información habría llegado a manos de su propio agresor: «es gravísimo lo que está pasando en Ushuaia», afirmó Hengelhard, y remarcó que, pese a todo, la empresa terminó despidiéndola.
La denuncia ya tramita como causa penal bajo el sumario 175/26 en el Juzgado de Instrucción N°2, a cargo de la jueza Barrionuevo, además de expedientes abiertos en el Ministerio de Trabajo. Hengelhard adelantó que también evalúa incorporar como denunciado al gremio de Empleados de Comercio, al que la trabajadora aportó durante veinte años, por presunta filtración de información compartida en una reunión gremial. «Entonces, quién defiende al empleado? Nadie», lamentó.
La abogada remarcó que la clave del proceso judicial son los testimonios de compañeros dispuestos a declarar, algo poco frecuente en este tipo de causas por temor a represalias. «Tenemos lo más importante, que son testigos», destacó, y contó que tras la repercusión pública algunos trabajadores ya notaron cambios: «Me dicen: doctora, ahora sí nos dieron ropa». Aun así, remarcó que la mejora no cierra el conflicto: «No tenemos que llegar a estas instancias de denuncias».
