El concejal Valter Tavarone (Somos Fueguinos) cuestionó la dinámica legislativa del oficialismo en el Concejo Deliberante local. Durante una entrevista por Radio Provincia, el edil advirtió que la oposición enfrenta un bloqueo sistemático para ejercer su labor de control y denunció que se pisotean derechos básicos como el acceso a la información pública.
El malestar opositor se profundizó tras la última sesión, donde el cuerpo legislativo frenó de plano la interpelación a funcionarios municipales por una denuncia formal radicada por el ingeniero Hidalgo: “Nosotros pretendíamos que la Secretaría de Ambiente viniera a dar explicaciones. Ni siquiera pudimos debatir el proyecto de interpelación; por mayoría simple se nos impidió y se bajó del orden del día”, lamentó Tavarone.
El edil aclaró que no se trató de un reclamo mediático, sino de un expediente formal presentado ante el intendente que exigía respuestas administrativas. En esa línea, cuestionó los argumentos del bloque oficialista: “Escuché decir a algún concejal que me tenía que quedar tranquilo porque la jefa del área había hablado con el señor Hidalgo. No tiene que hablar: tiene que contestar. Eso es lo que impone la Ley de Procedimiento Administrativo”, enfatizó, aclarando que el objetivo no era prejuzgar culpas, sino activar una investigación ante una denuncia de magnitud.
Para Tavarone, la falta de apertura institucional se refleja en el uso de la mayoría automática, lo que deja a los ediles opositores en absoluta inferioridad de condiciones: “Quienes somos oposición nos vemos abrazados, a veces estamos luchando contra molinos de viento”, sostuvo.
Además, el concejal recordó que este cerrojo informativo ya ha escalado a la Justicia, a la espera de una definición del Superior Tribunal de Justicia provincial sobre pedidos de informes cajoneados, un derecho de rango constitucional que —según advirtió— se vulnera de manera constante, al igual que ocurrió recientemente con un proyecto vinculado a la problemática de los animales sueltos.
Presupuesto y choques por la RTO
Otro de los flancos de conflicto fue la reciente retirada del proyecto de ampliación presupuestaria por unos $20.000 millones. Tavarone criticó la escasez de sustento técnico en la iniciativa: “Nos dijeron que la documentación enviada eran cinco o seis páginas. No había explicaciones suficientes para garantizar el funcionamiento del municipio”.
Asimismo, calificó de inadmisible que, bajo un esquema de presupuesto reconducido, se pretenda delegar facultades para modificar partidas salariales a libro cerrado.
Hacia el tramo final del diálogo, el edil sumó cuestionamientos por las demoras en la normativa local sobre la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la habilitación de talleres, deslizando sospechas sobre la protección de intereses económicos sectoriales.
“¿Qué es lo que le importa al intendente? ¿Defender algunos intereses económicos, tal vez de algunos talleres oficiales?”, cuestionó, y concluyó exigiendo un cambio de rumbo: “El rol de control también les corresponde a los propios concejales del oficialismo. No se puede votar sistemáticamente en contra”.
