La presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora, cuestionó con dureza el posicionamiento geopolítico y las decisiones de gestión en Tierra del Fuego, al sostener que se atraviesa por «una actitud sumamente entreguista de soberanía y de recursos».
Por Radio Provincia, la edil se refirió al escenario regional y a las distintas intervenciones que afectaron a la provincia. En ese sentido, recordó el caso del radar británico y la navegación de embarcaciones vinculadas a la actividad hidrocarburífera en la zona: «El radar inglés ya está instalado desde la gestión anterior en la provincia de Tierra del Fuego, con esta situación también de tener una función militar, y la verdad es que nunca se ha podido terminar de clarificar cómo es que llegó a instalarse acá habiendo pasado por tantos filtros burocráticos y administrativos. Un poco también es lo que estuvimos observando con la presencia de este buque petrolero inglés que se paseó por toda la provincia de Tierra del Fuego para terminar finalmente en el puerto de Ushuaia ante las autoridades provinciales, que tampoco una vez más no saben explicar qué es lo que está ocurriendo».
Respecto de las intenciones del Ejecutivo nacional sobre tierras estratégicas y la administración de bienes públicos, Zamora cuestionó la orientación de las medidas oficiales: «Entendemos que hay una responsabilidad, por supuesto, por parte de la Provincia en la falta de defensa firme y concreta de lo que viene ocurriendo; lo puede realizar por medio del mandato a los senadores, a los diputados, con el acompañamiento de distintos sectores de la sociedad, de la Legislatura, de todos. Están vendiendo absolutamente todo. Están vendiendo el país al mejor postor, con concesiones que nunca se vieron en el mundo».
Asimismo, apuntó contra los legisladores y dirigentes alineados con el gobierno central en el plano local: «Rodríguez ya dijo que iba a hacer todo lo que le decía Milei. Los muchachos acá, los legisladores de Tierra del Fuego, también; hay una negación de la pobreza, una negación de la falta de empleo, de la destrucción de la industria, la entrega de la soberanía, y después con total cinismo vienen y hablan de que quieren hacer una ley para hablar de la causa Malvinas».
Por otra parte, la titular del cuerpo deliberativo relató una situación institucional reciente vinculada a la intimación que recibió tras difundir una iniciativa comunitaria de recolección de remedios: «Yo la semana pasada, muy a contratiempo, grabé un video de 42 segundos manifestando que acompañaba la campaña solidaria de medicamentos. Me notifican en mi despacho de que iba a ser sancionada si no suspendía la actividad de acuerdo a lo que establece la normativa vigente respecto del ejercicio de la farmacia. Me llegó una nota donde se aclara específicamente de que yo no había cometido ningún tipo de infracción; por lo tanto, no había ningún acta que se haya realizado, no se aperturó ningún expediente administrativo y no se constató la realización de ninguna conducta reprochable de su parte ni de la Fundación Bienestar».
Finalmente, al evaluar el trasfondo de dicha notificación administrativa, Zamora vinculó el hecho al posicionamiento que mantiene frente al Ejecutivo provincial: «Claramente es una persecución política que viene hace mucho tiempo sobre determinado sector que entiendo yo que somos críticos a la gestión de Melella, pero ya hay límites, y un límite es usar un órgano de contralor como fiscalización sanitaria y cometer este grado de ilegalidad y desviar el poder. Yo no voy a prestar mi nombre para cualquier cosa; ya lo presté para acompañar al gobierno de Gustavo Melella y Mónica Urquiza y nunca más voy a cometer ese error».
