De 520 a 260 puestos laborales: el ajuste petrolero que golpea al sector

El periodista y ex secretario de Energía provincial, referente de la UISE en Río Grande y titular del portal especializado Boca de Pozo, Moisés Solorza, cuestionó duramente la versión oficial del Gobierno provincial sobre la situación laboral en el sector petrolero fueguino, luego de que la ministra de Energía, Gabriela Castillo, saliera a desmentir las advertencias sobre una ola de despidos en la zona.

Según explicó Solorza por Radio Provincia, todo se originó cuando YPF decidió ceder áreas maduras a la empresa Terra Ignis en el marco del Plan Andes, un esquema nacional que ofreció a las provincias patagónicas la devolución de áreas a cambio de una compensación económica. «YPF contaba con 520 personas trabajando, es decir, 520 puestos de trabajo», afirmó, y precisó que ese número surge de la propia dotación que la petrolera tenía antes de desprenderse de esas áreas.


El periodista sostuvo que, a cambio de la cesión, la provincia recibió 30 millones de dólares más el pago de indemnizaciones por remediación ambiental, pero que esa negociación terminó costando puestos de trabajo. «En el Ministerio de Trabajo dicen que van a tomar solamente 260 trabajadores», señaló, lo que en los hechos implica que 240 personas quedaron fuera del esquema productivo total que antes sostenía YPF.

Solorza remarcó además que ninguna de las dos audiencias de urgencia citadas por ese ministerio contó con la presencia de YPF, algo que calificó como «un dato muy llamativo», dijo y cuestionó las declaraciones de la ministra Castillo, quien había hablado de continuidad laboral en el sector.


La realidad golpea a muchas familias fueguinas, son «240 familias que quedaron en el camino», sostuvo, y advirtió sobre la falta de protocolos de seguridad en las plantas que hoy operan con personal reducido. «No hay transporte de personal, no hay comedores de personal, no hay seguridad, no hay protocolos, no hay plan de contingencia», enumeró, en referencia a las condiciones actuales de trabajo en los yacimientos.

Consultado sobre el riesgo de que el conflicto afecte el suministro de gas en pleno invierno, Solorza fue categórico: «Estructuralmente no hay ni siquiera personal, ni elementos de seguridad, ni protocolos, ni plan de contingencia que pueda dejar de tener riesgo». Y cerró con una advertencia directa al Poder Ejecutivo provincial: «Es absoluta responsabilidad del gobernador Melella de haberlos hecho cumplir desde el primer día que asumió, y sin embargo no lo ha hecho».

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