La parálisis total de los yacimientos petroleros en el norte de Tierra del Fuego, a pesar de que el gobernador Gustavo Melella había asegurado públicamente que el conflicto laboral estaba solucionado y que los operarios habían regresado a sus puestos, provocó que las empresas contratistas locales denunciaran que la realidad en el terreno era diametralmente opuesta y advirtieran sobre el riesgo inminente de despidos masivos que podrían dejar a cientos de familias en la calle.
El conflicto, que se venía gestando desde marzo, estalló abiertamente tras el traspaso de las operaciones de YPF a la firma VELITEC S.A. Según reveló el abogado Francisco «Paco» Giménez, representante de varias de las pymes afectadas, la nueva operadora pretende reducir los costos laborales de manera drástica, ignorando la estructura mínima requerida para mantener los pozos activos de forma segura. La situación escaló a nivel político luego de que Giménez exteriorizara la furia del sector en sus redes sociales, donde arremetió directamente contra el mandatario provincial con un durísimo mensaje en su cuenta de Instagram: “Melella zurdo de mierda, dejaste 200 familias de petroleros en la calle. Pagarás”.
En diálogo con Radio Provincia, el letrado e integrante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) desmintió punto por punto la versión oficial del Gobierno fueguino: «No es cierto lo que dice el gobernador Melella, que la cuestión está solucionada, que está todo normal. Las empresas quedaron todas sin contrato», sentenció Giménez, detallando que hoy los operarios se encuentran en sus casas esperando directivas ante la falta de contratos comerciales vigentes. «Hasta donde yo conozco, ninguna empresa con su personal subió a prestar servicios normales y habituales en el yacimiento, con lo cual ya está todo en piloto automático hasta que pase algo y no haya con qué arreglarlo».
La discusión técnica de fondo radica en el número de trabajadores esenciales para operar de manera óptima. Cuando se firmó el acuerdo original entre YPF y la petrolera estatal TERRA IGNIS ENERGÍA
S.A., se estableció que la estructura mínima operativa para un yacimiento de semejantes dimensiones geográficas era de 260 personas, incluyendo personal de pozos, plantas de gas, vigilancia, salud y catering. Sin embargo, la nueva gestión de VELITEC pretende que las instalaciones funcionen con apenas un centenar de operarios, una reducción que pone en jaque la continuidad del servicio. Para Giménez, intentar sostener el área con esa cantidad de personal «es como querer jugar un partido de fútbol de 11 con 5. Todo el mundo necesita 11, necesita un arquero, un defensor, un delantero… pero yo no puedo pagar salarios por 11, dice la empresa. Pero acá se juega con 11, no con 5, como usted pretende».
A este complejo panorama se suma una delicada situación financiera para las pymes locales, ya que denuncian que VELITEC se negó a certificar los partes de trabajo del último mes, impidiéndoles facturar y cobrar por las tareas ya ejecutadas. Según el análisis de los asesores legales, la firma habría desembarcado con la intención de financiarse a costa de las prestadoras locales, arrastrando antecedentes de morosidad en el sistema bancario. «¿Cómo pretende Melella que las empresas sigan trabajando en ese esquema en donde ni siquiera saben si van a cobrar? Esto es catastrófico, se está empeorando día a día. Esto es una bola de nieve», alertó Giménez.
Una de las particularidades más llamativas de este escenario es el inédito frente común que han consolidado los operarios, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado —liderado por Luis Sosa— y las pymes de la región, quienes se muestran unidas frente a lo que consideran una mala praxis de la política provincial. A diferencia de las crisis fabriles habituales en Río Grande, donde los operarios protestan en las puertas de las plantas contra las patronales por vaciamiento, en este caso los trabajadores defienden a las pequeñas firmas familiares al entender que ambas partes son víctimas del actual esquema.
A pesar de que el gremio ha demostrado una enorme prudencia al descartar piquetes en la Ruta 3 o sabotajes en el suministro energético, la parálisis operativa ya genera preocupación en la población general de la isla, puesto que cualquier contingencia técnica imprevista en un yacimiento sin mantenimiento podría provocar caídas abruptas en la presión del gas de red. Mientras los primeros telegramas de suspensión y despido comienzan a ser evaluados por las gerencias de las pymes, la mirada del sector hidrocarburífero se posa sobre la Legislatura, exigiéndole que abandone su postura tibia y actúe de mediador antes de que la tensión social rompa la paz que aún se conserva en la zona norte.
