Federico Villone, referente de los judiciales, advirtió que no aceptarán ser la «variable de ajuste» en Tierra del Fuego. El paro de este miércoles 8 exige una recomposición urgente frente a la creciente demanda en los tribunales y el deterioro de la obra social, bajo la advertencia de profundizar las medidas si no hay respuestas concretas del STJ.
El referente de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), explicó por Radio Provincia que la situación se volvió insostenible luego de tres meses sin respuestas económicas. El detonante fue una «acordada de ajuste» que no solo congeló los salarios, sino que frenó nombramientos, ascensos y hasta el pago de insumos básicos y viáticos. «Este año avizoró distinto desde el principio. El presupuesto de la Justicia es un 17% menor al del año pasado; un presupuesto reconducido que motivó que cesen los ingresos y concursos que ya estaban en trámite», detalló Villone.
El reclamo va más allá de los números fríos de la inflación. Villone puso el foco en la calidad del servicio que prestan y en cómo la crisis social termina recargando sus oficinas. Ante la falta de recursos, cada vez más ciudadanos recurren a la Defensoría Pública o inician juicios laborales por despidos, aumentando una montaña de expedientes que los judiciales deben resolver con menos herramientas que antes.
En el centro del conflicto aparece la tensa relación entre los tres poderes del Estado. Para la UEJN, el Superior Tribunal de Justicia debe actuar con mayor firmeza ante el Poder Ejecutivo para garantizar la independencia del sector: «Nuestras exigencias van hacia ellos porque son la cabeza del Poder Judicial», señaló Villone, y advirtió con claridad: «Si el Superior Tribunal nos plantea que tenemos que ir a discutir con el Gobernador, habrán abandonado su intención de República y de Poder Judicial independiente».
La sospecha de una negociación «timorata» entre la Justicia y el Gobierno sobrevuela el plan de lucha. Aunque existen mesas de trabajo, el gremio siente que los tiempos de la política no coinciden con los de las familias judiciales que ya no llegan a fin de mes. Al respecto, Villone fue tajante: «El trabajador no puede ser variable de ajuste. Si hay una cuestión política por la falta de recaudación, es responsabilidad de la política; la nuestra es defender el salario digno».
La meta del gremio para este año es, al menos, no retroceder en los casilleros que lograron avanzar con esfuerzo. Tras haber perdido 60 puntos contra la inflación en 2023, venían recuperando terreno lentamente, pero hoy se encuentran nuevamente 22 puntos por debajo de aquel nivel. La consigna es clara: no entregar lo recuperado.
Con un acatamiento que ya supera el 50% de la planta, el gremio aguarda con expectativa una nueva convocatoria prevista para este viernes en la ciudad de Río Grande. Sin embargo, el mensaje de Villone deja poco margen para las promesas vacías: «El problema, más que la convocatoria, es si hay novedades o no. Eso es lo que va a definir la continuidad de nuestro plan de lucha».
