“Se trata de un litigio entre un Estado provincial y el Estado nacional”: la Corte toma el caso por el Puerto de Ushuaia

La disputa por el control del Puerto de Ushuaia dejó de ser un cruce administrativo y se convirtió en un conflicto de alto voltaje institucional. El expediente ya está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá definir quién tiene la potestad sobre la administración de la principal terminal marítima de Tierra del Fuego.

El caso ingresó el miércoles 18 de febrero a la Secretaría de Juicios Originarios del máximo tribunal, luego de que la Justicia Federal de primera instancia se declarara incompetente para intervenir en el amparo presentado por el Gobierno fueguino. La causa quedó así encuadrada dentro de la competencia exclusiva de la Corte, “al tratarse de un litigio entre un Estado provincial y el Estado nacional”.

Ante la licencia del juez Federico Calvete, la jueza federal subrogante Mariel Borruto tuvo por cumplidos los pasos procesales y ordenó la remisión digital del expediente. Con ese trámite, la discusión superó el ámbito local y pasó directamente a la órbita de los ministros del máximo tribunal.

El origen de la controversia

El conflicto se desató el 20 de enero, cuando la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), dependiente del Ministerio de Economía, dictó la Resolución 4/2026.

La medida, firmada por su director ejecutivo Iñaki Arreseygor, dispuso la suspensión preventiva de la habilitación del muelle e instrumentó una intervención administrativa, técnica y operativa sobre la terminal más austral del país.

Desde Nación se argumentó que una auditoría realizada en octubre de 2025 detectó presuntas falencias estructurales y falta de inversiones. También se sostuvo que la Provincia habría incumplido el convenio de transferencia del puerto, suscripto el 25 de septiembre de 1992.

Uno de los puntos más sensibles gira en torno a la Ley provincial 1.596, sancionada en julio de 2025, que habilitó la utilización de fondos portuarios para atender el déficit de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y autorizó préstamos por 4.200 millones de pesos al Ejecutivo para proyectos sanitarios.

Para el Gobierno nacional, esos movimientos vulneraron el compromiso de mantener la contabilidad portuaria separada de las rentas generales. Desde la Provincia rechazan esa lectura y aseguran que no hubo desvío de recursos.

El amparo y la defensa provincial

El gobernador Gustavo Melella presentó un amparo ante la Justicia Federal con el patrocinio de los abogados Juan Carlos Cassagne y Emiliano Víctor Fossatto. Allí solicitó una medida cautelar para suspender los efectos de la resolución nacional y pidió que se declare su inconstitucionalidad.

El planteo sostiene que la intervención “vulnera la autonomía provincial y el sistema federal de gobierno”, al avanzar sobre competencias que no fueron delegadas al Estado nacional.

En la misma línea, el ex titular de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, negó que exista desfinanciamiento. “Los fondos autorizados por ley no fueron transferidos a la obra social”, afirmó. Sobre los 4.200 millones de pesos, explicó que se trató de “una inversión financiera con respaldo bancario e intereses, sin afectar la operatoria del muelle”.

Al declararse incompetente, la Justicia Federal no llegó a tratar la cautelar, por lo que la intervención nacional continúa vigente.

Temporada alta y caja estratégica

Mientras los escritos cruzan despachos en Buenos Aires, el puerto sigue operando bajo un esquema de empleados designados por la ANPyN. Entre las figuras vinculadas al proceso aparece Juan Avellaneda, dirigente de la Unión del Personal Superior Ferroviario en Tierra del Fuego, quien impulsó la denuncia administrativa que desembocó en la intervención.

La discusión judicial ocurre en pleno pico de la temporada de cruceros, cuando la terminal registra su mayor movimiento anual. El puerto maneja un presupuesto cercano a los 22.000 millones de pesos y recibe alrededor de 700 embarcaciones por año. Solo en 2024 pasaron por sus muelles más de 232.000 personas. Durante 2025 amarraron 511 buques de pasajeros, 34 pesqueros y 30 naves de carga.

Este último segmento es clave para la economía fueguina: más de 19.300 contenedores anuales abastecen a la industria electrónica radicada en la provincia bajo el subrégimen de promoción.

La decisión que adopte la Corte no solo resolverá una discusión jurídica sobre competencias. También definirá quién administra una de las principales palancas económicas y logísticas de Tierra del Fuego. En juego no está solo el control de un muelle, sino el equilibrio entre Nación y Provincia en el extremo sur del país.

Comparte