La Dra. Ana Constanza Carro, síndica titular de Terra Ignis Energía S.A. designada por la Legislatura, denunció ante los medios una serie de irregularidades en la gestión de la empresa estatal que, según ella, evidencian una “conducta deliberada, dolosa” por parte del presidente de la sociedad, Maximiliano D’Alessio, y del Gobierno provincial para ocultar información vinculada al destino de los fondos públicos.
El conflicto se agudiza tras un episodio paradoxal: mientras D’Alessio asegura haber removido a Carro en una asamblea extraordinaria y sostiene que existe un acta que respalda esa decisión, la misma empresa informó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) que Carro continúa siendo la síndica titular. Así lo acredita la publicación oficial en el Boletín Nº 5897 del 18 de agosto de 2025, lo que pone en tela de juicio la veracidad y legitimidad de las acciones de la presidencia de Terra Ignis.
“Esto no es un error. Es una maniobra deliberada, dolosa. Acá hay una intención clara de obstaculizar la fiscalización”, sostuvo.
Carro explicó que primero se intentó instalar que ella había sido removida en una asamblea extraordinaria. “Me dijeron que yo tenía incompatibilidad y por eso me habían desplazado. Incluso lo presentaron en la Legislatura. Y ahora, sorpresivamente, informan a la Inspección General de Justicia que yo soy la síndica titular”, afirmó.
Uno de los puntos más controvertidos es la designación de la ministra de Energía, Gabriela Castillo, como directora y representante legal de Terra Ignis. Carro afirmó que esta doble función representa “una clara incompatibilidad” de intereses, ya que la ministra desde el Ejecutivo convoca licitaciones para exploración, mismo rubro donde Terra Ignis actúa como oferente. “Es arte y parte, un conflicto que contraviene normas explícitas”, señaló. “La ministra convoca a las licitaciones desde su cartera y, al mismo tiempo, actúa como oferente a través de Terra Ignis. Es arte y parte. Eso no se puede permitir”, agregó.
En ese marco, apuntó contra el ocultamiento de información clave sobre el uso de recursos estatales. “Esta es una empresa que está en estado irregular, que no se ha fiscalizado. Y mientras tanto se siguen enviando fondos. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Qué tenemos que suponer cuando hay una conducta dolosa evidente? Que hay malversación de fondos”, denunció. Carro aseguró que ya cursó una comunicación formal al presidente de la empresa exigiendo la documentación necesaria para ejercer su rol. “El plazo está vencido hace rato. Yo tengo que resguardar mi responsabilidad profesional y por eso no me queda otra alternativa que acudir a la Justicia”, advirtió.
“Hay que ir a los fiscales y que los fiscales investiguen. Después del Tribunal de Cuentas, nadie dijo nada. Pero yo no puedo mirar para otro lado: tengo que cumplir con mi deber”, remarcó.
La síndica también anticipó que notificará la situación a la Legislatura y que, en caso de persistir la negativa a entregar la información, presentará una denuncia penal. “La fiscalización ya se tendría que haber hecho. No se puede seguir encubriendo”, concluyó.
Con Terra Ignis declarada en “estado irregular” y un entramado de contradicciones sobre su control, la empresa estatal de energía se encuentra en el ojo de la tormenta. Lo que hasta ahora se dirimía en declaraciones cruzadas, pronto podría pasar al terreno judicial.
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