La Cámara de Diputados de la Nación dio un paso decisivo al rechazar el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad un proyecto que busca fortalecer prestaciones médicas y terapéuticas para personas con discapacidad. El alivio fue palpable entre quienes diariamente viven esta realidad y la reclaman a fuerza de lucha y presencia pública. https://www.pagina12.com.ar/851107-como-voto-cada-diputado-el-rechazo-al-veto-a-la-ley-de-emerg,
María José Pazos, representante de familias con personas con discapacidad en Tierra del Fuego, recibió la noticia con una mezcla de alegría y cautela. “Ayer se gritó fuerte después del resultado de la votación en Diputados. Fue una demostración ejemplar de educación cívica, como si estuviésemos frente a una final mundial de fútbol”, contó con emoción. Pero el optimismo no le impide señalar los desafíos que aún persisten, especialmente en su provincia.
La activista criticó duramente la desconexión entre las declaraciones oficiales que celebran el avance nacional y la cruda realidad provincial. “Las palabras del Gobernador son bien intencionadas —nos dice ‘los derechos no se recortan’—, pero la obra social local recorta prestaciones básicas, paga con seis meses de atraso y no hay una verdadera comunicación con los colectivos”, denunció. Para Pazos, estas contradicciones entre discurso y acción hacen “que estos derechos parezcan una frase de marketing, mientras las personas siguen esperando y sufriendo”.
El panorama que describe es inquietante: “El Ministerio solo emitió una gacetilla sin datos reales. Se habla de 2100 pensiones que no coinciden con la realidad —son menos—, se confirma que no llegan fondos desde la Nación, y la ayuda no se concreta en los insumos esenciales, como pañales o medicamentos cubiertos por el certificado único de discapacidad”. Durísima, añadió “Nos ignoran, no nos atienden, no hay auditorías transparentes ni mesas de diálogo reales”.
En Tierra del Fuego, donde hay cerca de 6.000 personas con discapacidad certificada, la invisibilización es constante. “No somos solo los casi 2000 beneficiarios de pensiones nacionales —subrayó—; hay miles que no acceden a la obra social y sufren las consecuencias diarias, como Juan Carlos, que perdió la vista y no puede cubrir ni el gas que necesita para su hogar”.
Pazos también adviertió sobre la grave situación en la infraestructura local: “La accesibilidad urbana sigue siendo un problema. La ley provincial pone la responsabilidad en el gobernador, pero en cinco años no vimos avances concretos. Ordenanzas sin cumplir, mesas de trabajo que nunca se convocan, y una administración que privilegiar el silencio sobre la acción”.
Frente a esto, el llamado de María José es claro y urgente: “No queremos actos para la tribuna ni discursos vacíos para la campaña electoral. Queremos que el gobernador y los funcionarios escuchen realmente, que respondan a los reclamos históricos y concreten políticas efectivas. Los derechos de las personas con discapacidad no pueden esperar más”.
La referente agradeció la oportunidad de visibilizar su lucha: “Salir en los medios es fundamental para denunciar, para sacarnos del silencio que intenta imponerse. Hablar no es solo un derecho, es nuestra resistencia”.
Radio Provincia
